28.6.2013

Hola, y gracias a todas y todos por sus felicitaciones porque mi libro, América Latina en la Geopolítica del Imperialismo, obtuvo el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su edición correspondiente a las obras publicadas en el año 2012.

En la foto, Chávez entrega el Premio  2010 al filósofo argentino Enrique Dussel, 

Tal como le dije a varixs amigxs que se comunicaron telefónicamente conmigo, este premio me llena de alegría pero, al mismo tiempo, de tristeza. Fue instituido por Comandante Hugo Chávez Frías para promover y alentar el pensamiento crítico en Nuestra América. Creía fervientemente en la importancia de la "batalla de ideas" y por eso leía cuidadosamente muchos de los materiales que se enviaban en cada concurso, y se preocupaba de que hubiera una adecuada difusión de la convocatoria para que nadie quedara excluido del mismo y que todo el enorme potencial del pensamiento crítico latinoamericano se hiciera presente en cada convocatoria. Además, entregaba personalmente el Premio. 
Me tocará a mí ser el primero que no recibirá esa honrosa distinción de manos del Comandante. Será igualmente un honor que me lo entregue aquel a quien designara como su sucesor: el presidente Nicolás Maduro. Pero la presencia de Chávez en la ceremonia de entrega será insoslayable y el imborrable recuerdo de su gigantesca figura seguramente conspirará contra mi compostura personal. Su marca, en la historia de América Latina y del Caribe tanto como en mi persona, es demasiado fuerte para que en ese momento no afloren a mi mente una multitud de recuerdos, palabras, conversaciones, bromas, canciones, poesías y gestos de Chávez como para conservar la serenidad que se requiere en estos casos. Haré todo lo posible, pero será difícil. Este premio renueva nuestro compromiso de redoblar nuestros esfuerzos en la lucha por construir una contrahegemonía que derrote, en el imprescindible terreno de las ideas y el sentido común, la primacía que el neoliberalismo y, más generalmente, el capitalismo, detenta sobre nuestras sociedades. 


Brasil: ¿un nuevo ciclo de luchas populares?
*



(Por Atilio A. Boron )  Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo equivocada sino  profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático. Basta recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.
            Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud,  dirigieran su mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto  sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación;  la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.
     A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni  los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte  tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta  política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.
            ¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El  exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda  “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún  mayor. Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.
La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de  la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil.
      Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática consulta popular?
            Como puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro  prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular.  Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar  que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.

 *  Una versión resumida de esta nota salió publicada en la edición dominical de Página/12, del 23 de Junio del corriente año.









(Por Atilio A. Boron) En un día como hoy, 19 de Junio, pero del año 1764 nacía en Montevideo uno de los más grandes patriotas de la Patria Grande: José Gervasio Artigas. Odiado por la oligarquía porteña, que lo veía, con razón, como una de las principales espadas del ala  jacobina de la Revolución de Mayo, fue marginado y perseguido sin tregua. Sus delegados de la Banda Oriental no fueron admitidos en las deliberaciones de la Asamblea del Año XIII, así como tampoco al Congreso de Tucumán, de 1816 que declararía la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la monarquía española.  Un año antes, en 1815, Artigas había convocado en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, al “Congreso de los Pueblos Libres” que entre otras cosas había sancionado lo que con toda justicia puede considerarse como la primera ley de reforma agraria de América Latina, que expropiaba las tierras y las repartía entre quienes la trabajaban.

     La oligarquía reinante en la Banda Oriental tampoco toleró sus posturas y en infame contubernio con sus homólogos en la otra orilla del Rio de la Plata  se las ingenió para desterrar y acabar con la carrera política del gran patriota nuestroamericano. En 1820, derrotado militarmente y perseguido con tenacidad por sus adversarios tuvo que exiliarse en el Paraguay, donde la oligarquía que se hizo del poder en lo que luego, recién en 1828, sería la República Oriental del Uruguay lo obligó a permanecer hasta el fin de sus días, en 1850. La historia oficial urdida tramposamente en ambos márgenes del Plata hizo lo posible para desfigurar su figura y tergiversar su pensamiento político. La oligarquía argentina, y sus escribas, lo estigmatizan como un anárquico caudillo “uruguayo”, desconociendo que para Artigas el Virreinato del Rio de la Plata debía preservar su unidad política a toda costa y que su lucha revolucionaria se extendió por varias provincias de lo que luego sería la Argentina. Para la oligarquía uruguaya, Artigas es un héroe militar que se opuso a la prepotencia de sus compinches porteños y nada más. Nada más hipócrita y falso que el “culto artiguista” de la derecha uruguaya. Ambas oligarquías se confabularon para silenciar a este revolucionario integral, que precozmente propuso la realización de una reforma agraria, la  plena integración del indio a la nueva república, la soberanía popular  y la unión de los pueblos sudamericanos.  Una de sus sentencias más recordadas y de gran actualidad es la que dice que  "Los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos" ,  algo que olvidan quienes en ambas orillas del Plata  sueñan con acuerdos comerciales y procesos de integración subordinados a las directivas del imperialismo norteamericano. 

     Artigas tuvo que pagar con treinta años de destierro y la más absoluta cancelación de su actividad política por tanta osadía. Murió en  el ostracismo y sumido en la derrota,  al igual que Bolívar y San Martín. Las crónicas periodísticas de la época aseguran que sólo cuatro personas acompañaron sus restos mortales en Asunción. Por eso, en momentos como el actual cuando la difícil construcción de la unidad de América del Sur es acosada sin cesar por el imperialismo y sus peones locales, recordar las luchas del gran líder popular rioplatense e identificar a sus adversarios de ayer, que son los mismos de hoy,  es más necesario y aleccionador que nunca.
 18.6.2013

Comparto una interesante noticia de Página/12  sobre las protestas populares en Brasil, las primeras de esta magnitud y extensión territorial  desde las grandes movilizaciones a favor de las elecciones presidenciales "directas" (¡!diretas ja!) ocurridas entre 1983 y 1984. La imagen rosada y triunfalista con que los ideólogos de la derecha latinoamericana y mundial presentan al Brasil actual se hizo añicos en las calles de Sao Paulo, Río, Belo Horizonte y tantas ciudades brasileñas más. Estas protestas tienen lugar pocas semanas después de la visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde se deshizo en elogios al progreso económico y social del Brasil.




EL MUNDO › SAN PABLO, RIO Y BELO HORIZONTE, EPICENTROS DE LAS PROTESTAS CONTRA LOS GASTOS EXCESIVOS POR EL MUNDIAL

Brasil conmovido por el fútbol y la represión

Las movilizaciones, que comenzaron en San Pablo, tienen como uno de sus principales objetivos protestar por el aumento de la tarifa del transporte público. Hubo incidentes en varias ciudades y la presidenta Rousseff dijo que “las manifestaciones pacíficas son legítimas”.
San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, que integran el triángulo de poder económico de Brasil, y Brasilia, el corazón político del país, fueron escenario ayer de multitudinarias manifestaciones contra los gastos vinculados a la Copa Confederaciones y el Mundial de 2014 y en repudio a la represión policial. Las protestas, que también se realizaron en otras ciudades, tienen como uno de sus principales objetivos protestar por el aumento de la tarifa del transporte público, reivindicación que provocó en San Pablo cinco manifestaciones, con la de ayer, de las cuales la del jueves fue violentamente reprimida por la policía, generando reacciones de repudio en todo Brasil y también en el exterior. “Las manifestaciones pacíficas son legítimas y propias de la democracia”, dijo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en reacción a las movilizaciones. “Es propio de los jóvenes manifestarse”, aseguró Rousseff. 
En Río de Janeiro, la principal avenida, Río Branco, y las calles adyacentes del centro fueron colmadas por al menos 40 mil manifestantes. La policía militarizada acompañó la manifestación. “Sin violencia” y “Ven a las calles, ven contra el aumento”, fueron las consignas que corearon los que se movilizaron, que contaron con el apoyo de vecinos y oficinistas que salieron a las ventanas a mostrar su adhesión al movimiento. La marcha, que durante cuatro horas se desarrolló en forma pacífica, tuvo momentos de fuerte tensión cuando un grupo atacó con bombas molotov la sede de la Asamblea Legislativa y quemó autos; mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y spray pimienta. El presidente de la Asamblea, Paulo Melo, lo calificó de “acto de terrorismo”
“No es por los centavos (de aumento). Esto es una demanda reprimida, reflejo de la falta de perspectiva de los jóvenes. El transporte también es pésimo. Andamos en chasis de camión travestido de autobús”, dijo un participante de la marcha, de 56 años. Al grito de “Si el pasaje no baja, Río para”, la mayoría de los manifestantes recorrieron las calles de la capital fluminense.
En Belo Horizonte, la tercera mayor ciudad en importancia del país, cerca de 20.000 personas participaron de las protestas, en las que se produjeron algunos enfrentamientos con la policía, que reprimió con bombas de gas lacrimógeno y pimienta. Al cierre de esta edición, aún no se conocía si el enfrentamiento había dejado heridos. Los comerciantes cerraron sus puertas antes de que los millares de manifestantes tomaran las calles, y la policía bloqueó las vías de acceso a la avenida Antonio Carlos, por donde pasó la marcha.
También en Brasilia hubo choques entre efectivos y manifestantes cuando éstos intentaron ingresar a la sede del Congreso Nacional. “Aprovechamos el momento en que el mundo está mirando hacia Brasil para llamar la atención sobre problemas antiguos. Hay gente que está doce horas en la fila de un hospital y no consigue ser atendida”, resumió a la TV Globo una manifestante.
En San Pablo, epicentro de las protestas que comenzaron hace diez días y se diseminaron rápidamente por todo el país, la marcha contra el aumento de la tarifa del transporte y la represión policial comenzó a última hora de la tarde y convocó 60.000 personas al centro de la ciudad. Las protestas en la mayor metrópolis sudamericana fueron convocadas por el Movimiento Pase Libre, que reivindica la gratuidad del transporte colectivo de pasajeros y que acordó con las autoridades que fuera pacífica.
A esta proclama, que fue duramente reprimida el jueves pasado, se unieron diversos grupos en todo el país que consideran un derroche inútil de dinero los millones invertidos en las citas deportivas, cuando hay falta de recursos para salud, educación, seguridad y vivienda.
El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, advirtió, por su parte, que el gobierno no tolerará que las protestas, que ocurrieron en las horas previas y en las proximidades de los estadios donde se juegan partidos de la Copa Confederaciones, perjudiquen el certamen. “No vamos a permitir que ninguna de esas manifestaciones interfiera en ninguno de los eventos que nos comprometimos a realizar”, dijo el ministro en Río de Janeiro, donde el domingo se produjo un duro enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la policía militarizada, en los alrededores del estadio Maracaná, poco antes del choque entre México e Italia.
El sábado tuvo lugar una protesta de similares características en las inmediaciones del Estadio Nacional Mané Garrincha, en Brasilia, que también fue reprimida con gases lacrimógenos y balas de goma, poco antes de que comenzara el choque inaugural del torneo entre Brasil y Japón. “Quien piense que puede impedir la realización de estos eventos enfrentará la determinación del gobierno”, enfatizó.
En opinión del ministro, la ocurrencia de manifestaciones no perjudica la imagen de Brasil hacia el resto del mundo, sino que, por el contrario, espera que el mundo vea a Brasil como un lugar democrático y capaz de garantizar el orden. Respecto de las críticas de los manifestantes, que consideran un despropósito que el gobierno gaste millonarias sumas en eventos deportivos en desmedro de inversiones en salud, vivienda y educación, Rebelo argumentó que por cada real gastado por el Poder Público en los torneos, 3,40 fueron invertidos por la iniciativa privada.

15.6.2013

¡Gran noticia! La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación dando cumplimiento a un mandato establecido por la Constitución del 2008 y que había sido frenado en la Asamblea por un contubernio -que no una alianza coherente- formado por representantes de la derecha golpista más los de una pseudo-izquierda que se conjuraron para postergar el dictado de una ley fundamental para profundizar la vida democrática del Ecuador. Por suerte, esto ya es historia antigua. Comparto el análisis de la compañera Sally Burch, que identifica los aspectos fundamentales de la nueva ley. 



ALAI, América Latina en Movimiento

2013-06-14

Ecuador

Ecuador cuenta con su Ley de Comunicación

Sally Burch
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En un ambiente de movilizaciones sociales festivas, este 14 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación(1), mandatada por la Constitución de 2008, que ha demorado más de cuatro años para entrar en vigencia.
 
La Ley se inscribe en el nuevo rumbo democratizador de las comunicaciones que se viene impulsando en América Latina, cuyo antecedente más significativo es la Ley de Medios Audiovisuales de Argentina.  Para los sectores y movimientos que vienen defendiendo esta línea, constituye no solo un logro importante para el país, sino un antecedente significativo para el continente.
 
Al someter la Ley a votación, el proponente Mauro Andino -asambleísta del Movimiento PAIS-, invocó el espíritu bajo el cual se elaboró la ley, que implica "reconocer el enorme valor y la importancia de la libertad de expresarse formulada en los instrumentos internacionales de derechos humanos", pero también –dijo- añadir "una serie de oportunidades y servicios para que tal libertad realmente esté al alcance de todas y de todos, para que deje de ser un privilegio del cual solo disfrutan los mejor situados en nuestra sociedad".
 
Entre los cambios centrales que introduce esta Ley, Andino destacó la definición de la comunicación social como un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad; la no censura previa pero sí responsabilidad ulterior de lo que publican los medios de comunicación; la defensa de los derechos de los trabajadores de la prensa en condiciones de no precarización laboral; la redistribución de las frecuencias radiofónicas, con un 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para medios comunitarios (que se aplicará en forma gradual) y la eliminación de monopolios en los medios audiovisuales (no más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una en FM y una para matriz de televisión, a una misma persona natural o jurídica). Además, en conformidad con los resultados de la Auditoría de Frecuencias, que se realizó hace tres años, se revertirán al Estado las frecuencias mal habidas o que han incumplido con sus obligaciones legales, lo cual liberará frecuencias para los otros sectores.
 
Estas cláusulas recogen las propuestas centrales que los sectores defensores de la democratización de la comunicación han venido planteando, entre ellas, las destinadas a fomentar la producción cultural, como la obligación de destinar un 60% de la programación diaria en el horario apto para todo público, y la difusión de contenidos de producción nacional (del cual al menos un 10% debe ser de producción independiente); y la cuota mínima del 50% de los contenidos de programas musicales que sean producidos, compuestos o ejecutados en Ecuador, con el pago de los derechos de autor.
 
Innovaciones
 
Entre las innovaciones introducidas en esta última versión de la Ley se incluye la obligación para los anunciantes privados de destinar al menos un 10% de su presupuesto anual de publicidad a medios de comunicación de cobertura local o regional, para garantizar que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad.
 
En materia de derechos laborales, el nuevo cuerpo legal estipula que la nómina de trabajadores de los medios de carácter nacional debe conformarse "con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional". Y como garantía de la calidad de la información, a la vez que reconoce que "todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación", establece que las actividades periodísticas de carácter permanente deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación (con excepción de los espacios de opinión, columnas especializadas y programas periodísticos en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas). Además, obliga a los medios a proveer a sus empleados los recursos económicos, técnicos y materiales para el adecuado ejercicio de sus tareas periodísticas.
 
Otra innovación es la prohibición del "linchamiento mediático", entendido como "la difusión de información concertada y reiterativa… destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública".
 
Un aspecto que debería ser central, por su potencial democratizador de las frecuencias, pero es abordado solo marginalmente en la Ley, es el de las frecuencias digitales, que de hecho ya se están introduciendo en el país antes de que se hayan establecido políticas claras y un marco legal adecuado. Toda vez, el nuevo cuerpo legal sí contempla que debe haber una "distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión"; y además, que "el número de nuevas frecuencias y señales de radio y televisión que se obtengan de la transición de la tecnología analógica a la digital será administrado por el Estado". Sigue predominando el criterio de que es solo una cuestión "técnica", y por tanto, que corresponderá tratarlo en la Ley de Telecomunicaciones, que está en preparación.
 
Uno de los temas más polémicos es el marco institucional, que contempla la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, como ente regulador (compuesto de representantes de la Función Ejecutiva, de los Consejos Nacionales de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Defensor del Pueblo), una Superintendencia de la Información y Comunicación (cuyo titular será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una terna enviada por la Presidencia), con poderes sancionadores, y un Consejo Consultivo ciudadano, cuyo rol es poco claro, y no es vinculante.
 
Punto de partida
 
La aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (que aún espera el visto bueno presidencial, o un posible veto parcial) ya no dejaba duda, desde que en mayo asumió la nueva Asamblea Nacional con una amplia mayoría del Movimiento PAIS. No obstante, llegar a ese punto ha sido un proceso complejo y accidentado. Hace tres años, cuando se presentaron tres proyectos de Ley, uno de las cuales era formulado por el Foro de la Comunicación, donde participaban redes de comunicación y organizaciones sociales e indígenas, en ese momento las tesis centrales democratizadoras no eran asumidas, ni por la mayoría de asambleístas ni por el gobierno. Y posteriormente, durante los últimos 14 meses, la Ley quedó congelada por falta de mayoría en la Asamblea. Si bien no se logró –como en Argentina- que las organizaciones sociales se movilicen muy proactivamente a su favor, poco a poco estas tesis fueron adquiriendo legitimidad en la sociedad, a tal punto que ahora ni siquiera los sectores de derecha y los grandes medios se atreven, por lo general, a desconocer abiertamente la justeza del reparto equitativo de las frecuencias.
 
La aprobación de la Ley, sin duda, no representa la culminación del proceso, sino más bien un punto de partida, pues, más allá de la ofensiva opositora que ya se ha anunciado en el plano nacional e internacional por parte de la gran industria mediática, que lo sigue calificando de "ley mordaza", y de eventuales impugnaciones en las instancias jurídicas, la democratización solo podrá hacerse realidad en la medida en que sea apropiada por la ciudadanía, y en particular por los sectores populares, al ejercer su derecho a la expresión.
 
- Sally Burch es periodista de ALAI.
 
(1) Ver el texto de la Ley: http://alainet.org/active/64749


http://alainet.org/active/64759
Junio 13, 2013.

Comparto una reflexión sobre el tema de los drones y la manipulación de la conciencia pública en Estados Unidos.



(Atilio A. Boron) Una de las lecciones que los halcones norteamericanos aprendieron luego de la derrota sufrida en Vietnam es que el control del frente interno -es decir, la orientación de la opinión pública en la retaguardia-  puede llegar a ser tan determinante como la fuerza del aparato militar que se despliegue en el teatro bélico. De ahí que desde entonces la industria cultural estadounidense se haya dedicado -salvo honrosas y marginales excepciones- a “re-educar” a la población para que conciba a las guerras de rapiña que conduce el imperio como heroicas cruzadas destinadas a perseguir a monstruosos terroristas, instituir el primado de los valores fundamentales de la así llamada “civilización” occidental (democracia, derechos humanos, justicia y, por supuesto, libertad de mercado) y garantizar la seguridad nacional norteamericana ante tan execrables enemigos. Uno de los componentes de ese verdadero desarme moral –el reverso dialéctico del rearme militar- ha sido el adormecimiento de la conciencia pública. Esto se expresa, por ejemplo, en la intensa  propaganda encaminada a naturalizar la tortura, presentada como el único recurso eficaz a la hora de preservar la vida y la propiedad de centenares de miles de honestos norteamericanos de los criminales designios de los terroristas. Son innumerables las series de televisión, películas, programas radiales y medios gráficos que se encargan de inocular, con perversa meticulosidad,  este veneno en la población estadounidense. Desgraciadamente, la cada vez más conservatizada academia norteamericana no se queda atrás en tan indignos propósitos.


Claro está que este masivo y persistente lavado de cerebros no se limita tan solo a legitimar la tortura. Su ambición es mucho mayor: se trata de “formatear” la conciencia pública a los efectos de otorgar  credibilidad al relato épico según el cual Dios le ha confiado a la nación norteamericana la realización de un virtuoso “Destino Manifiesto” de alcance universal. Ante él, cualquier disenso orilla peligrosamente en la traición o la apostasía. La conquista de ese mundo feliz no es una empresa fácil: exige sacrificios y la aceptación de dolorosas realidades, como la tortura y los “daños colaterales” inevitables en toda guerra. Pero recientemente el énfasis de la campaña propagandística se ha venido concentrando sobre la eticidad y legalidad de los asesinatos selectivos perpetrados contra los enemigos del sistema, cuyos nombres constan en una tétrica nómina aprobada por la Casa Blanca. Instrumento fundamental de este plan criminal son los aviones no tripulados: los drones.
La eficacia de ese proceso de insensibilización moral ha sido notable. Tal como lo observa Nick Turse, uno de los más reconocidos especialistas en cuestiones militares de los Estados Unidos, este es el único país en el cual una mayoría de la población (56 %) está abiertamente a favor de enviar drones a cualquier lugar del planeta con tal de capturar o aniquilar terroristas. Una de las últimas encuestas levantadas por la Pew Research en Marzo de este año señala que 68 por ciento de los votantes o simpatizantes republicanos está de acuerdo con esa práctica criminal, mientras que comparten este punto de vista el 58 por ciento de los demócratas  y el 50 por ciento de los independientes. En ningún otro país del mundo se registran sentimientos de este tipo. La medición internacional relevada por Pew Research demuestra que en Francia el 63 por ciento reprueba la utilización de drones;  59 por ciento en Alemania y, ya fuera de Europa, el 73 por ciento en México; 81 por  en Turquía, 89 por ciento en Egipto al paso que en Pakistán, donde la actividad criminal de los drones es cosa de todos los días, un previsible 97 por ciento de los encuestados condena el empleo de ese mortal instrumento.[1]  No obstante, pese a esta generalizada repulsa fuera de Estados Unidos las operaciones terroristas a cargo de aviones no tripulados  crecieron exponencialmente durante el mandato  del inverosímil  Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Esta opción presidencial es tan fuerte que en la actualidad la Fuerza Aérea de Estados Unidos está entrenando un número mucho mayor de  pilotos de drones que de los convencionales, los que tripulan bombarderos y  aviones caza. Todo un signo de la virulencia de la actual de la contraofensiva imperialista, que desmiente en los hechos, y con las pilas de víctimas que crecen sin cesar, los discursos humanistas de Obama y la moralina de sus aparatos nacionales e internacionales de manipulación de conciencias. Los medios del sistema presentan al presidente como un hombre de bien cuando, como lo afirma el brechtianamente imprescindible Noam Chomsky, se trata de otro asesino serial más de los varios que han ocupado la Casa Blanca en las últimas décadas. Un solo dato es suficiente para inculparlo: según un informe del Bureau of Investigative Journalism por cada “terrorista” eliminado mediante ataques de drones (dejando de lado un análisis de lo que el gobierno estadounidense entiende por “terrorista”)  mueren 49 civiles inocentes. Nada de esto es ventilado por la prensa hegemónica dentro de Estados Unidos y sus secuaces de ultramar.
La inesperada decisión del gobierno colombiano de ingresar a la OTAN, o al menos de sellar varios acuerdos de cooperación con esa organización terrorista internacional, sólo puede entenderse al interior de los cambios operados en la doctrina y la estrategia militar de los Estados Unidos. Turse señala que las operaciones militares que ese país está llevando a cabo en estos momentos en Oriente Medio, Asia, África y América Latina tienen seis componentes distintivos, los cuales fueron diseñados para disimular o al menos encubrir la magnitud del esfuerzo bélico en que incurre Washington y, de paso, deslindar sus  responsabilidades por la comisión de innumerables crímenes de guerra que podrían llevar a sus responsables ante la Corte Penal Internacional.[2] Estos seis elementos son los siguientes: (a) robustecimiento de las fuerzas de operaciones especiales, como los Seals, que fueron quienes dieron muerte a alguien que, dicen, era Osama bin Laden; (b) la ya mencionada expansión de las operaciones de los drones, para realizar asesinatos selectivos de “terroristas” o personajes molestos para Estados Unidos; (c) intensificación del espionaje, algo que ha saltado escandalosamente  a la luz pública en los últimos días; (d) elección y promoción de “socios civiles” que favorezcan los proyectos imperiales, lo que se realiza bajo el disfraz del “empoderamiento” de la sociedad civil –ONGs, la NED y la USAID canalizando millones de dólares para financiar a grupos para que se opongan a Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro-  y entrenamiento de líderes sociales y políticos, como Henrique Capriles, por ejemplo; (e) ciberguerras y, finalmente, (f) reclutamiento de fuerzas de combate en proxies, es decir, países cuyos gobiernos ejecutan las iniciativas que la Casa Blanca no quiere asumir abierta y públicamente.  
De estas seis facetas de las guerras de última generación la que ha pasado más desapercibida ha sido la última: el entrenamiento y empleo de fuerzas militares de los proxies,  movilizados para atacar targets enemigos de los Estados Unidos pero que Washington no estima conveniente u oportuno hacerlo de modo directo, involucrando sus propias fuerzas. Si los primeros cinco componentes gozaron de mucha visibilidad, no ocurrió lo mismo con el último, cuya idea directriz es descargar cada vez más el “trabajo sucio” del sostenimiento militar del imperio en los proxies regionales. De este modo se preserva a la Casa Blanca de las condenas y críticas que suscitaría una intervención militar directa en las “zonas calientes” del sistema internacional a la vez que logra que los muertos los pongan sus aliados, lo que reduce los costos domésticos –por ejemplo, ante la opinión pública norteamericana- de las aventuras militares del imperio. Por ejemplo, en Siria, apelando a los mercenarios enviados por las teocracias del golfo para cumplir las tareas que tendrían que hacer las tropas imperiales. No es demasiado difícil imaginar cual es el plan de operaciones que Washington tiene preparado para América Latina y el Caribe, y cuál será el papel que en la ejecución del mismo se le asigne a un país, Colombia, cuyo gobierno redobla sin pausa su apuesta por la carta militar –ahora con la colaboración no sólo del Pentágono sino también de la OTAN- y cuya clase dirigente tiene como una de sus supremas aspiraciones convertir a su país en  “la Israel de América Latina.”  






[1] http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/05/24/obama-and-drone-strikes-support-but-questions-at-home-opposition-abroad/
[2] Ver “Tomgram: Nick Turse, Tomorrow's Blowback Today?” en http://www.tomdispatch.com/blog/175580/tomgram%3A_nick_turse,_tomorrow's_blowback_today/
8 de Junio 2013

Rescato una nota publicada ha poco más de un mes a propósito de la inauguración de la Biblioteca Presidencial George W. Bush, en donde Chomsky acusó a los ex presidentes de Estados Unidos de ser grandes criminales de guerra, que deberían ser llevados ante la Corte Penal Internacional.  Como puede colegirse al leer esta nota no hay diferencias entre demócratas y republicanos, y entre ambos y personajes del bajo fondo como José M. Aznar y Silvio Berlusconi. Lean, y relean, con cuidado lo que el "progre" Obama dijo del criminal George W. Bush. Estaba en lo cierto Chomsky cuando, en vísperas de la primera elección de Obama, se limitó a decir que "es un blanco que ha tomado demasiado sol."



EEUU: biblioteca de Bush reúne a ex presidentes
 
Barack Obama y sus predecesores Jimmy Carter, Bill Clinton y George Bush padre e hijo se reunieron en Dallas para inaugurar un centro sobre la gestión del republicano

"Los mejores días para la nación están por venir", dijo el ex presidente George W. Bush en el cierre de su discurso, tras ser homenajeado en la apertura del centro presidencial que lleva su nombre.

El ex mandatario lagrimeó al pronunciar estas palabras, mientras el resto del discurso tuvo un tono familiar, ya que le dedicó elogios a su padre George Bush, a su esposa Laura y a su hija Jenna, que lo hizo abuelo recientemente. 

"Estoy retirado de la política -felizmente, debo añadir-, no del servicio público", añadió el republicano, que no hizo referencia a las Guerras de Irak y Afganistán por las que fue cuestionado durante sus dos períodos presidenciales. 

En su intervención, el actual mandatario Barack Obama destacó que éste es "un día especial para la democracia" por la reunión con todos los ex mandatarios del país vivos para inaugurar la biblioteca sobre el legado de su antecesor.

El Presidente destacó, en su discurso, la "compasión" y "generosidad" de Bush, así como su "fuerza y resolución" tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus esfuerzos en la lucha contra el sida y la malaria.

Obama y los ex presidentes republicanos George H. W. Bush y George W. Bush aparecieron juntos en el escenario al lado de los ex mandatarios demócratas Bill Clinton y Jimmy Carter.

En su discurso, Obama se refirió al "club" de los ex presidentes como "un grupo de apoyo" que ayuda a comprender los "desafíos" de tener el peso de una "enorme nación" sobre los hombros.
"Conocemos a George Bush, es un buen hombre", enfatizó Obama, quien agregó que aprendió de él que el de presidente es "un trabajo humilde" y que hay momentos en que se cometen errores.
Obama dijo también que espera que este año se apruebe la reforma migratoria,después de que los intentos de Bush por sacarla adelante durante su presidencia fracasaran.
La ceremonia en la Universidad Metodista del Sur de Dallas comenzó con una oración y una presentación de los invitados internacionales, entre ellos el ex presidente del gobierno español José María Aznar y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Infobae, 25 Abril 2013.


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Al ser consultada su opinión sobre este evento Noam Chomsky dijo que por sus crímenes el gobierno de Estados Unidos debería ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. “Les cuento lo que sentí, tal vez algunos de ustedes sintieron lo mismo, cuando ví las imágenes de la presentación de la Biblioteca Bush. Allí estaba un grupo de personas, ex -presidentes de Estados Unidos, los únicos que aún están vivos. Cada uno de ellos es un gran criminal. Obama continúa esa larga tradición, lo cual no debería ser ninguna gran sorpresa. Me parece que la frase que acudió a mi mente al verlos pertenece en realidad de Thomas Jefferson quien dijo que ‘Tiemblo por mi país cuando pienso que Dios es justo, y algún día nos llevará a enfrentar su juicio’. Bien, si no podemos hacer que Bush y compañía se enfrenten a algún tipo de juicio, si no en los estrados judiciales o al menos en la opinión pública, es porque como lo dijo (el profeta) Jeremías ‘no estamos cumpliendo nuestra obligación como gente responsable.’ ” 
MAS A PROPÓSITO DEL FALLO de la Corte Suprema de la Argentina favoreciendo a Chevron en contra del Ecuador. Pocas veces se dice que esta es la empresa sucesora de la Standard Oil de California, la empresa de la familia Rockefeller, que para neutralizar la legislación antimonopólica de Estados Unidos se ha involucrado en sucesivas operaciones de venta, adquisiciones, fusiones, cambios de nombre, etcétera. Chevron es el último eslabón de una siniestra cadena que se origina en 1879 y que en la actualidad opera en más de 180 países. Cambió de nombre, pero no renunció a las prácticas predatorias que su fundador, John D. Rockefeller, le imprimió con caracteres indelebles. Tiene pleitos pendientes por desastres ambientales en Angola, Bangladesh, Brasil, California, Ecuador, Irán y el delta del Río Níger. En cuanto empiece sus operaciones en el yacimiento de petróleo "shale" en Vaca Muerta, Argentina, seguramente tendrá una demanda más en su contra por idénticos motivos.

No dejen de ver, si pueden, el siguiente documental: 
http://www.youtube.com/watch?v=9dy5ohN18YE

Allí verán desgarradoras escenas de como la Chevron contaminó grandes extensiones de la hermosísima selva de la Amazonía ecuatoriana.


Chevron, "blindada" por la justicia argentina
Por Atilio A. Boron


La Corte Suprema de la Argentina revocó un fallo del fuero civil que había ordenado el cumplimiento en el país de un embargo dispuesto en Ecuador por 19.552 millones de dólares en contra de la petrolera norteamericana Chevron. La demanda había sido entablada por los pueblos originarios amazónicos y el gobierno de ese país por los gravísimos daños ambientales producidos entre 1964 y 1990 en la zona de Lago Agrio (unas 500.000 hectáreas contaminadas y envenenadas en la selva Amazónica) por la Texaco, empresa que luego fue adquirida por la Chevron. En la Argentina el juez en primera instancia y la cámara de apelaciones otorgaron la razón a los demandantes ecuatorianos disponiendo el embargo del futuro flujo de caja de Chevron así como los dividendos que generaran su operación en el país, el 40 % de sus depósitos bancarios y los ingresos futuros a recibir por la venta del crudo a extraer de la Argentina en la zona de Vaca Muerta. Esto sumaba unos 2.000 millones de dólares anuales, a pagar a lo largo de los años necesarios hasta cubrir la cifra fijada por los tribunales ecuatorianos.


Un ejemplo del daño ambiental cometido en la Amazonía que no quiere reparar Chevron

Dado que Chevron había declarado que carecía de recursos en Ecuador los demandantes de este país trasladaron el juicio a la Argentina, donde la empresa sí tiene recursos. Sin embargo, apelando a un tecnicismo leguleyo la Corte Suprema consideró que Chevron Argentina era tan sólo una filial de la Chevron Corporation y no la empresa demandada. El abogado de los intereses ecuatorianos en la Argentina se preguntó "¿Cómo una empresa que es una sola cosa cuando a ingresos o beneficios se refiere es otra a la hora de pagar?" Gambitos de este tipo proliferaron en la Argentina durante la crisis del 2001-2202, cuando grandes bancos transnacionales (por ejemplo el Boston, renunciaron a devolver a sus clientes sus depósitos en dólares aduciendo que la filial argentina ya no los tenía y que la casa matriz no podía hacerse cargo de los resultados de las operaciones de su filial). De todas maneras los reclamantes tienen también planteada otra demanda mediante la cual se busca el reconocimiento internacional de la sentencia adoptada en Ecuador, al paso que se han iniciado causas similares –con menores probabilidades de éxito- en otros países, como Brasil y Canadá, en donde opera y tiene recursos la petrolera norteamericana. 


Sorprende, ¿o no?, que la procuradora general del gobierno argentino, Alejandra Gils Carbó, perteneciente al grupo de Justicia Legítima –crítico de los sesgos clasistas y reaccionarios de la judicatura de este país-  hubiera recomendado a la Corte pronunciarse  a favor de Chevron en este diferendo. Lamentablemente, el desesperado interés por iniciar sin más dilaciones -mediante un acuerdo entre YPF y Chevron- la explotación del yacimiento petrolífero "shale" en Vaca Muerta parece haber calado muy profundamente en el propio gobierno nacional y en ciertos estratos del "progresismo argentino", convalidando con sus cálculos utilitaristas la impunidad ante la depredación ambiental de la petrolera y, ¿tal vez?,  haciendo lo propio ex ante con los desastres ecológicos que seguramente  se producirán en la Argentina en cuanto comiencen las labores en Vaca Muerta. Esto habla elocuentemente de los extremos a los que puede llegar la extorsión, el chantaje y las amenazas de los oligopolios a la hora de proteger sus espúreos intereses y asegurar la impunidad por sus crímenes ambientales.  Y también de la labilidad de ciertas estentóreas proclamas  latinoamericanistas oficiales, que en cuanto se alejan del plano de la retórica se disuelven sin dejar rastros en la formalidad de los estrados judiciales. Por eso la solidaridad con la lucha del pueblo y el gobierno ecuatorianos por la construcción del “socialismo del buen vivir”, del “sumak kawsay” de nuestros pueblos originarios es hoy más importante que nunca.  Solidaridad efectiva y militante, digo, no solamente retórica.
 Implicaciones geopolíticas del ingreso de Colombia a la OTAN


Bombardeo de la OTAN sobre población civil en Libia

 (Atilio A. Boron) El anuncio del presidente de Colombia Juan Manuel Santos de que “durante este mes de Junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición de ingresar a ella” ha causado una previsible conmoción en Nuestra América. Lo pronunció en un acto de ascensos a miembros de la Armada realizado en Bogotá, ocasión en la cual Santos señaló que Colombia tiene derecho a "pensar en grande", y que él va a buscar ser de los mejores "ya no de la región, sino del mundo entero". Continuó luego diciendo que "si logramos esa paz” –refiriéndose a las conversaciones de paz que están en curso en Cuba, con el aval de los anfitriones, Noruega y Venezuela- “nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes", aseguró Santos. Y piensa hacerlo nada menos que asociándose a la OTAN, una organización sobre la cual pesan innumerables crímenes de todo tipo perpetrados en la propia Europa (recordar el bombardeo a la ex Yugoslavia), a Irak, a Libia y ahora su colaboración con los terroristas que han tomado a Siria por asalto.
     Jacobo David Blinder, ensayista y periodista brasileño, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma ante esta decisión del colombiano. Hasta ahora el único país de América Latina “aliado extra OTAN” había sido la Argentina, que obtuvo ese deshonroso status durante los nefastos años de Menem, y más específicamente en 1998,  luego de participar en la Primera Guerra del Golfo (1991-1992) y aceptar todas las imposiciones impuestas por Washington en muchas áreas de la política pública, como por ejemplo desmantelar el proyecto del misil Cóndor y congelar el programa nuclear que durante décadas venía desarrollándose en la Argentina. Dos gravísimos atentados que suman poco más de un centenar de muertos –a la Embajada de Israel y a la AMIA- fue el saldo que dejó en la Argentina la represalia por haberse sumado a la organización terrorista noratlántica.
      El status de “aliado extra OTAN” fue creado en 1989 por el Congreso de los Estados Unidos –no por la organización- como un mecanismo para reforzar los lazos militares con países situados fuera del área del Atlántico Norte pero que podrían ser de alguna ayuda en las numerosas guerras y procesos de desestabilización política que Estados Unidos despliega en los más apartados rincones del planeta. Australia, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en ingresar, y poco después lo hizo la Argentina, y ahora aspira a lograrlo Colombia. El sentido de esta iniciativa del Congreso norteamericano salta a la vista: robustecer y legitimar sus incesantes aventuras militares  -inevitables durante los próximos treinta años, si leemos los documentos del Pentágono sobre futuros escenarios internacionales- con un aura de “consenso multilateral” que en realidad no tienen. Esta incorporación de los aliados extra-regionales de la OTAN, que está siendo promovida en los demás continentes,  refleja la exigencia impuesta por la transformación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en su tránsito desde un ejército preparado para librar guerras en territorios acotados a una legión imperial que con sus bases militares de distinto tipo (más de mil en todo el planeta), sus fuerzas regulares, sus unidades de “despliegue rápido” y el creciente ejército de “contratistas” (vulgo: mercenarios) quiere estar preparada para intervenir en pocas horas para defender los intereses estadounidenses en cualquier punto caliente del planeta. Con su decisión Santos se pone al servicio de tan funesto proyecto.
     A diferencia de la Argentina (que en el 2012 afortunadamente perdió  el status de “aliada extra-OTAN”) el  caso colombiano es muy especial, porque desde hace décadas recibe, sobre todo en el marco del Plan Colombia, un muy importante apoyo económico y militar de Estados Unidos –de lejos el mayor de los países del área- y sólo superado por los desembolsos realizados en favor de Israel, Egipto, Irak y Corea del Sur y algún que otro aliado estratégico de Washington. Cuando Santos declara su vocación de proyectarse sobre el “mundo entero” lo que esto significa es su voluntad para convertirse en cómplice de Washington,  para movilizar sus bien pertrechadas fuerzas más allá del territorio colombiano y para intervenir en los países que el imperio procura desestabilizar. Y no es un secreto para nadie que la primera en esa lista no es otra que Venezuela. Es poco probable que su anuncio signifique que está dispuesto a enviar tropas a Afganistán u a otros teatros de guerra. La pretensión de la derecha colombiana, en el poder desde siempre, ha sido convertirse, especialmente a partir de la presidencia del narcopolítico Álvaro Uribe Vélez, en la “Israel de América Latina” erigiéndose, con el respaldo de la OTAN, en el gendarme regional del área para agredir a vecinos como Venezuela, Ecuador y otros -¿Bolivia, Nicaragua, Cuba?- que tengan la osadía de oponerse a los designios imperiales. Eso y no otra cosa es lo que significa el anuncio de Santos, por más que en horas recientes por boca de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,  se hubiera dicho que “La OTAN tiene países miembros y países socios. Como socios podemos recibir capacitación y ofrecer conocimiento. Lo que Colombia pretende con la OTAN es un acuerdo de cooperación para tres temas específicos: derechos humanos, justicia militar y educación a las tropas”. ¡Pobre  Colombia, si acude a una organización criminal como la OTAN  para ser instruida en esas materias!
    Pero hay algo más: con su decisión Santos también pone irresponsablemente en entredicho la marcha de las conversaciones de paz con las FARC en La Habana (uno de cuyos avales es precisamente Venezuela), asestando un duro golpe a las expectativas de colombianas y colombianos que desde hace décadas quieren poner fin al conflicto armado que tan indecibles sufrimientos deparó para su pueblo. ¿Cómo podrían confiar los guerrilleros colombianos en un gobierno que no cesa de acentuar su vocación injerencista y militarista, ahora potenciada por su pretendida alianza con una organización de tintes tan delictivos como la OTAN? Por otra parte, esta decisión no puede sino debilitar –premeditadamente, por supuesto- los procesos de integración y unificación supranacional en curso en América Latina y el Caribe. La tesis de los “caballos de Troya” del imperio, que repetidamente hemos planteado en nuestros escritos sobre el tema, asumen renovada actualidad con la decisión del mandatario colombiano. ¿Qué hará ahora la UNASUR y cómo podrá actuar el Consejo de Defensa Suramericano cuyo mandato conferido por los jefes y jefas de estado de nuestros países ha sido consolidar a nuestra región como una zona de paz, como un área libre de la presencia de armas nucleares o de destrucción masiva, como una contribución a la paz mundial para lo cual se requiere construir una política de defensa común y fortalecer la cooperación regional en ese campo? El Presidente Evo Morales ha solicitado una reunión de urgencia de la UNASUR para tratar el tema, pero le cabe al gobierno de Ollanta Humala, que ejerce la presidencia pro-tempore de la UNASUR, hacer circular la propuesta, consultar a los otros países y resolver sobre la misma. Sorprende comprobar que poco o nada se ha escuchado sobre este tema en los ámbitos oficiales de Argentina y Brasil.   
      Es indiscutible que detrás de esta decisión del presidente colombiano se encuentra la mano de Washington, que paulatinamente convirtió a la OTAN en una organización delictiva de alcance mundial, rebalsando con creces el perímetro del Atlántico Norte que era su límite original. No menos evidente fue la directiva de Obama en el sentido de impulsar, poco después de lanzada la Alianza del Pacífico –una tentativa de resucitar el ALCA con otro nombre- la provocadora reunión  de Santos con el líder golpista venezolano Henrique Capriles. Lo mismo puede percibirse ahora, dadas las graves implicaciones geopolíticas que tiene esa iniciativa al tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar en la región; debilitar a la UNASUR y la  CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por Las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como concuerdan todos los especialistas, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros estados miembros, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista en Nuestra América, que sólo podrá ser rechazada si se combinan la masiva movilización de los pueblos y la enérgica respuesta de los gobiernos genuinamente democráticos de la región, algo que apenas se ha insinuado en estas horas. Esa será una de las pruebas de fuego que unos y otros deberán enfrentar las próximas semanas.    


 



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