25.1.2011

En el día de ayer se reprodujo en varios periódicos digitales y en la edición impresa de Página/12 (Buenos Aires) una nota sobre la locura legislativa imperante en Estados Unidos. Tomando el caso de Arizona, donde tuvo lugar la más reciente tragedia, el artículo explora las garantías legales para la portación de armas en lugares públicos con la sola condición de que ellas no sean exhibidas sino que deben estar ocultas. Pero confieso que "me quedé corto": al concentrarme en el caso de Arizona no me dí cuenta que en otro estado de la ejemplar democracia del Norte, Louisiana, su gobernador Piyush Amrit "Bobby" Jindal promulgó el año pasado una ley del estado mediante la cual  "se autoriza a las personas que hayan aprobado los controles de adiestramiento y antecedentes personales a llevar armas ocultas a las iglesias, mezquitas, sinagogas o cualquier otro lugar de oración como parte de la fuerza de seguridad." O sea, puede uno ir a rezar al buen Dios armado con una 9 milímetros para que el Altísimo sea más solícito con sus ruegos.
"El control de armas es para los cobardes y los comunistas"
Jindal es el primer gobernador en toda la historia de Estados Unidos originario de la India. Los blancos de ese estado lo aprecian como un Asiático-Americano, Católico, republicano, y con una impecable trayectoria en los más prestigiosos colegios y universidades del país. ... (clic abajo en Más Información)
Hijo de una familia de inmigrantes indios procedentes de la región del Punjab, repite en cierta manera la historia de Barack Obama, sólo que bastante más conservador que el presidente. Se rumorea que podría ser el candidato a vice presidente por los republicanos en el 2012. Como puede apreciarse, la contrarrevolución conservadora está preparando sus huestes. Sarah Palin no está sola sino bien acompañada por una turba de reaccionarios, que compiten a ver quién se va más hacia la derecha. "Bobby" seguramente pasará a la historia: no recuerdo otro bárbaro que, como él, haya promulgado una ley como la que referíamos más arriba.

Compras navideñas en un "supermercado" de armas
Arizona: ¿quién es el loco?
En Junio del año pasado la legislación del Estado de Arizona en materia de control de armas fue considerablemente relajada. La gobernadora republicana, Jan Brewer, impulsora de la cacería a todos aquellos sospechosos de haber incurrido en el delito de “portación de cara” (léase: personas con rasgos fisonómicos que se alejan del modelo “WASP”:blanco, anglosajón y protestante, es decir, lo que en Estados Unidos se conoce como “latinos”), promulgó una iniciativa de la legislatura de ese estado, apoyada fuertemente por el poderosísimo lobby de la Asociación Nacional del Rifle, derogando una vieja ley estatal que obligaba a los poseedores de armas a obtener un permiso para llevar un arma oculta. Gracias a este “avance libertario y democrático” ahora cualquier persona mayor de 21 años puede portar un arma oculta entre sus ropas, o en su automóvil, o donde sea, sin necesidad de obtener una licencia previa. La legislación vigente, de todos modos, era ya sumamente permisiva porque permitía a cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin antecedentes penales, comprar o poseer un rifle o una escopeta. Para adquirir una pistola la ley se “endurecía” y el eventual comprador debía demostrar ser mayor de 21 años. La anterior gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, actual Secretaria de Seguridad Nacional de la Administración Obama, había vetado numerosos intentos de eliminar la licencia para portar armas ocultas. Derrotada por la derecha troglodita republicana, su sucesora corrigió de inmediato tamaño error.
          La actual legislación, una obra maestra del terror, autoriza a quienes así lo deseen a circular armados en la vía pública con tal de que su arma no sea exhibida: pueden  entrar a cualquier sitio, salvo un consultorio médico o una oficina empresarial. Se puede ingresar armado al recinto de la legislatura estadual y a cualquier oficina pública del estado de Arizona. También a restaurantes y bares, a condición de que el individuo armado no consuma alcohol, algo que dependerá exclusivamente de su propia voluntad pues ni el cantinero ni el mesero están autorizados a preguntarle a quien ordena una bebida alcohólica si es que lleva un arma oculta entre sus ropas. Las escuelas públicas no son excepción a esta regla: sólo que quienes porten armas deberán llevarlas descargadas y dejarlas en su automóvil mientras se lleva o recoge a un niño. Lo paradojal del caso es que algunas de las víctimas de la reciente masacre de Houston, como la congresista Gabrielle Giffords aprobó estas medidas, amparadas en una sesgada interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y en el respeto a los valores tradicionales de Arizona y, en general, del Lejano Oeste. Quien sí lo pagó con su vida, aparte de otros inocentes, entre ellos una niña de 9 años, fue el juez federal John M. Roll, quien había sentenciado la inconstitucionalidad de cualquier decisión del gobierno federal que obligara a los estados a llevar a cabo revisiones de antecedentes penales antes de vender un arma de fuego.
          Una perlita indicativa de la gravedad de la crisis política que existe en la ejemplar democracia del Norte la ofrece el hecho de que no haya sido otro que el sheriff del condado de Pima, Clarence W. Dupnik, quien haya aportado un grano de cordura al criticar las leyes vigentes en Arizona y las iniciativas de algunos legisladores del estado que, como respuesta a la masacre perpetrada en Virginia Tech (Abril 2007, ocasionando 32 muertos) habían propuesto nada menos que permitir a estudiantes y maestros portar armas en colegios y universidades. Contrariamente a las enseñanzas de la filosofía política, que supone que jueces y legisladores deben ser personas sensatas, iluminadas por la sabiduría y bendecidas por la templanza, estos personajes públicos de Arizona -y, me arriesgaría a decir, en la mayoría de los estados de la Unión- son energúmenos merecedores de un profundo tratamiento de rehabilitación psiquiátrica antes de ser luego condenados al ostracismo vitalicio. Cabe preguntarse: en la tragedia de Tucson, ¿quién es el loco? El que vació su cargador matando a tantos inocentes o quienes estampan el sello de legalidad a tanta locura?
       Pese a todo esto, los publicistas de la derecha insisten en que nada hay de malo en la sociedad norteamericana, que sus leyes son justas y sabias, y que no hay causalidad social que actúe como desencadenante de la tragedia de Tucson. El sistema es maravilloso, lo que fallan son algunos individuos. Si un afro-norteamericano como Obama llegó a ser presidente –una fenomenal tentativa de reanimar al ya difunto Sueño Americano-   el que se quedó en el ghetto y vive del narcotráfico o la mendicidad es por sus vicios, su holgazanería y su irresponsabilidad. Las víctimas del sistema se convierten, en ese discurso, en victimarios. En línea con esta interpretación uno de esos publicistas, Howard Fineman, escribió días atrás en el  The Huffington Post que “Las muertes no fueron provocadas por la política, por ideologías o por partidismo. Por lo que sabemos hasta ahora, los actos fueron cometidos por un loco que evidentemente estaba divorciado de la realidad, así como del debate público”. Un debate público que, para hacerlo más ameno, tiene como protagonistas a una gran cantidad de sujetos armados hasta los dientes. Pero con sus armas ocultas, eso sí.




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2 comentarios:

Anónimo dijo...

Es increible que en EEUU los ciudadanos puedan ir armados por doquier y a su vez la UE prohiba el burka. Con armas si, pero vestirse como uno quiera no. Realmente todo esto es un gran disparate con consecuencias penosas.

midi haytham dijo...

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